Eliseo Aja
Catedrático de
Derecho Constitucional de la UB
Durante diez años (2000-2009) el crecimiento anual de la inmigración en España fue muy notable, con una media de casi medio millón de personas por año, pero la crisis ha frenado el proceso. En mi último libro, Inmigración y democracia repaso el conjunto del sistema jurídico inmigratorio, para explicar que los procedimientos y las formas de la inmigración admiten diferentes variantes, pero que, en todo caso, es obligado respetar los principios básicos de la Constitución, resumidos en la idea del Estado de derecho, democrático y social. Las conclusiones (que se adjuntan como anexo) son voluntariamente esquemáticas –quizás demasiado- y permiten que los lectores aporten sus propias opiniones para completarlas (sería uno de los objetivos del blog).
La valoración
de la crisis ha de partir de dos observaciones elementales. La primera es la
detención de la inmigración como consecuencia de la escasez de trabajo provocada
por la crisis, aunque aún en 2010 y 2011 hubo una entrada por encima de las
100.000 personas, seguramente por la reagrupación familiar realizada por los
inmigrantes que llevan más años en España. La segunda es que no se ha producido
una vuelta masiva a los países de origen. Sí se detecta el regreso de algunos
miles de peruanos y ecuatorianos, pero continúan llegando inmigrantes de china y
el resto de Asia. Parece que al mismo tiempo hay cierta cantidad de jóvenes
universitarios españoles que buscan un futuro mejor e inician un nuevo tipo de
emigración, pero estos movimientos no justifican la afirmación de que España
vuelve a ser un país de emigrantes, porque hay más de 3 millones de trabajadores
extranjeros dados de alta en la Seguridad Social y más de 5 millones de
residentes que han llegado en los últimos años. Otra cosa es el cambio de las
condiciones que se esté operando en la inmigración.
El paro
generado por la crisis económica esta golpeando dramáticamente a toda la
sociedad, y si cabe con mayor dureza a la inmigración, no sólo porque la tasa de
paro es superior a la nacional (31% a final del 2011, 1.358.000 desempleados),
sino por sus efectos sociales más graves. Además mientras algún colectivo, como
la mujeres de 40 a 60 años, pierde poco empleo, otros, como los jóvenes, dobla
la tasa de paro general.
Los efectos
del paro para los extranjeros son más graves por razones económico-sociales
(necesidad de enviar remesas, debilidad del apoyo familiar, etc.) y jurídicas,
en especial por el peligro de perder la autorización de residencia por carecer
de trabajo en el momento de la renovación. Para evitar los mayores
inconvenientes se realizaron algunas reformas al final de la legislatura
anterior, como la menor exigencia de tiempo de cotización a la Seguridad Social,
para facilitar la renovación de la autorización de residencia y trabajo, y la
posibilidad de contabilizar los ingresos del cónyuge para la renovación de la
reagrupación familiar. También en este sentido hay que anotar la facilidad
introducida por el Reglamento del 2011 para modificar las situaciones del
extranjero, facilitando la continuidad de su residencia.
Pese a estas
reformas, la dinámica de la inmigración viene determinada por los datos
económicos, como muestra el frenazo de la inmigración provocado por la crisis, y
en la actualidad las vías de la contratación –el catálogo de ocupaciones y la
contratación en origen- permanecen vacíos y seguirán así durante los próximos
años. El crecimiento provendrá únicamente de la reagrupación familiar y
seguramente tendrá una dimensión modesta.
En estas
condiciones, con 5 millones de personas incorporadas a la sociedad en la última
década y sin nueva inmigración, lógicamente la acción de los poderes públicos
debe concentrarse en la integración social de la inmigración, y así lo prevé
efectivamente la última reforma de la ley de extranjería, realizada por la Ley
Orgánica 2/2009, que apostó decididamente por la integración. El problema es que
las políticas de integración requieren instrumentos y la crisis económica esta
amenazando su existencia. En la últimas semanas ha desaparecido dos piezas muy
importantes, el Fondo de Apoyo a la Integración y el derecho a la salud de los
inmigrantes en situación irregular pero residentes y empadronados en un
municipio.
En los últimos
años uno de los ejes que coordinaba mejor las políticas integradoras del Estado,
las CCAA y los municipios era el Fondo de Apoyo para la Integración de la
inmigración, que repartía unos 200 millones de euros entre las CCAA (para la
atención a la educación) y los ayuntamientos (para la acogida municipal), pero
ese fondo, reducido ya al final del Gobierno Zapatero- ha desaparecido
totalmente del Presupuesto estatal. No habrá subvenciones para el refuerzo
educativo ni para los planes municipales de acogida. Otro de los mecanismos que
facilitaban la cohesión social era la atención médica a los inmigrantes que
residían y estaban empadronados en un municipio, pero el Decreto-ley 16/2012, de
20 de abril, de reforma del sistema sanitario ha privado de tratamiento médico a
los inmigrantes en situación irregular, salvo para las enfermedades graves, los
menores y las embarazadas.
Estas
decisiones se adoptan en un marco general de reducción de los servicios sociales
en las CCAA y los ayuntamientos, de crecimiento del paro, de agotamiento de las
prestaciones y de recortes que afectan a casi todos los derechos sociales. La
defensa de las políticas sociales resulta difícil, pero debe realizarse por las
vías jurídicas y políticas, individuales y colectivas, para que el peso de la
crisis se reparta equitativamente. Las asociaciones y los sindicatos pueden
desempeñar la defensa de los grupos más débiles. Otra línea podría ser la mejora
de las vías de participación de los inmigrantes en las instancias de decisión
que les afectan, simbolizada en la extensión del derecho de voto que se inicio
tímidamente en las elecciones locales de 2011, de manera que los sacrificios
inmediatos se compensen con una participación futura superior en las
instituciones. En el 2010 el 65% de los residentes llevaban en España más de 5
años, y lógicamente esa proporción ha aumentado, de manera que se trata de una
población asentada. También puede desarrollarse la dimensión bidireccional por
parte de la sociedad, marginando las posiciones xenófobas y asumiendo con
normalidad la diversidad, con respeto a la Constitución y la ley.
ANEXO:
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