La actual crisis
económica provoca efectos similares en muchos países
europeos; aunque su intensidad e impactos son específicos en función de las
características de la estructura productiva y el tipo de crecimiento económico precedente.
Como bien se conoce, la destrucción de empleo que atenaza a la sociedad
española ha sido mucho más elevada que para otros países de nuestro entorno. Según
los datos del Eurostat, España lidera el
ránking de países con mayor desempleo de la UE27, junto con Grecia.
Si bien un estudio de la
OCDE de hace una década señalaba que, en términos generales, los trabajadores
extranjeros son más vulnerables que los autóctonos a las recesiones cíclicas, las diferencias entre países afloran a la hora de analizar
los impactos concretos de la crisis sobre la población migrante. En términos de
incidencia del desempleo, tal y como muestran los análisis de Papademetriou et
al. (2010) para distintos países de la OCDE, la recesión ha afectado en gran
medida a la población extranjera en países como Irlanda o España. En estos
casos, los niveles de desempleo se han disparado tanto para autóctonos como
para inmigrantes; aunque de forma mucho más intensa para la fuerza de trabajo
inmigrante en su conjunto. La explicación tiene que ver con el hecho de que los
trabajadores migrantes se concentraban principalmente en sectores intensivos en
fuerza de trabajo, marcados por la temporalidad y altamente sensibles al
ciclo económico, como son la construcción, la agricultura o servicios como la hostelería o el trabajo
doméstico remunerado. Tal panorama, basado en
la precariedad laboral y la inseguridad económica, había constituido, curiosamente,
la pieza clave del modelo productivo que marcó el periodo de expansión
económica en España.
Aunque los
primeros años de la crisis no han provocado cambios bruscos en el saldo de
población inmigrante residente en España, existen indicios que apuntan hacia un
retorno importante de muchas personas de origen inmigrante, especialmente a
partir de los años 2011 y 2012. Tal tendencia se debe al hecho de que muchos han
constatado el
retraso de la recuperación económica y han agotado las estrategias de
supervivencia económica desplegadas hasta el momento, especialmente los que se
encontraban en situación irregular.
De todas formas, hay que
tener en cuenta la dificultad a la hora de medir el retorno o el desplazamiento
hacia el extranjero de las personas migrantes a partir de las fuentes
estadísticas disponibles. La evidencia empírica de los movimientos
territoriales exteriores queda muy alejada de las cifras aportadas por la Estadística
de Variaciones Residenciales (EVR), el registro que se usa habitualmente a
partir de la explotación de la información relativa a las altas y bajas de los
Padrones Municipales motivadas por los cambios de residencia. Las variaciones
residenciales permiten obtener los flujos migratorios anuales, tanto interiores
como exteriores. Para el cálculo de los
flujos migratorios interiores -entre
diferentes municipios de España-, no es
necesario solicitar y expedir la baja en el Padrón de un municipio para solicitar
el alta en otro municipio. En este caso, es el Ayuntamiento que tramita la
nueva alta el que notifica la misma a través del Instituto Nacional de
Estadística, quien, a su vez, comunica
la baja al Ayuntamiento de procedencia.
Cuando se trata de
movimientos desde el extranjero, la eficacia de la EVR también es elevada a la hora de calcular el
volumen de “nuevos” residentes, dada la exigencia del certificado de
empadronamiento para acceder a servicios sociales y municipales básicos. Sin
embargo, para medir los movimientos de extranjeros hacia otros países, se complica
considerablemente la identificación de la correspondiente baja en el municipio
español de origen. Cuando un extranjero realiza un cambio de residencia por
traslado a otro país, la baja del Padrón se produce a instancias de la
persona interesada. Es habitual que este trámite no se lleve a cabo, ya sea por
desconocimiento o por interés personal en mantener el estatus de
empadronado. En estos casos, la única
forma de registrar la salida del país es esperar a la renovación periódica de
la inscripción en el Padrón Municipal, cada dos años, a la que están sujetos
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Por
consiguiente, es más que probable que muchos de los desplazamientos de
extranjeros hacia otros países que se hayan podido producir durante los años
2011 y 2012, todavía no aparezcan registrados.
En términos
generales, los procesos de retorno desde España han mostrado un alto grado de
rigidez respecto a los condicionantes de la economía española. Según los
expertos, tales resistencias tienen que ver
con la
situación en los países de origen. En concreto, influye el diferencial de nivel de vida existente en relación a España (aún
cuando se haya producido una disminución importante de la renta como consecuencia
de la pérdida de empleo), la protección del Estado de Bienestar (educación, salud)
y la falta de seguridad en muchas de las zonas de origen. Otros autores sugieren que los
migrantes tendrán mayor propensión al retorno en la medida que el viaje tenga
menor coste, se garantice el derecho a poder volver a entrar (circularidad) y
no pierdan sus beneficios sociales. A pesar de estas constataciones, qué duda
cabe que la crisis económica en España sí está generando un flujo de salidas
del país mayor del que anteriormente se había producido, tanto entre la
población de origen extranjero como entre las personas nacidas en España. Así
lo muestran los datos que se recogen en el siguiente gráfico:
Evolución de las bajas por variación residencial hacia el extranjero,
según país de nacimiento. 2007-2012
Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales
(EVR), Instituto Nacional de Estadística (INE)
De acuerdo con los resultados de un
reciente estudio realizado por el CENTRE D'ESTUDIS SOCIOLÒGICS
SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL TREBALL (QUIT-UAB),
en el marco del programa RecerCaixa, España
ha optado por no promover la recualificación de los trabajadores inmigrantes y
ha incentivado su salida del país a través del desarrollo de programas de
retorno asistido. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha
desplegado distintos tipos de programas de retorno voluntario asistido desde
2008 dirigidos a nacionales de terceros países. Sin embargo, su impacto
en cuanto a número de beneficiarios ha sido muy limitado. Así lo muestran los
datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consultados a 30/03/2013 y disponibles en:
En España se contemplan
tres vías para el retorno voluntario asistido: encontrarse en situación de
vulnerabilidad social, tener intención de reintegrarse socioeconómicamente en
el país de origen y percibir por anticipado la prestación por desempleo. Cabe
destacar que todos estos programas suponen la firma de una declaración de
voluntariedad y compromiso de no retornar a España en el plazo de tres
años, lo que desalienta a las personas
que no quieren renunciar a la posibilidad de volver a migrar a España.
En primer lugar, el Programa de
retorno voluntario de atención social, cofinanciado a través del Fondo
Europeo para el Retorno y dirigido a inmigrantes extracomunitarios que se
encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Cabe destacar que
durante los años 2009-2012 se han
beneficiado de dicho programa un total de 9.910 personas. Los países que ocupan las tres primeras posiciones en cuanto
a número de beneficiarios durante dicho periodo son, por este orden, Bolivia (2192)
Argentina (1412) y Brasil (1384). Cataluña ha tenido 777 beneficiarios, de los
cuales 432 residían en la provincia de Barcelona
En segundo lugar, el Programa de
retorno voluntario productivo, también cofinanciado a través del Fondo
Europeo para el Retorno, se dirige a inmigrantes extracomunitarios que desean
emprender un proyecto empresarial asociado al retorno. Según los datos
oficiales, los beneficiarios de este programa son muy escasos. Solo han sido
298 durante el trienio 2010-2012. Las principales nacionalidades de los
beneficiarios son, por ese orden: Colombia, Ecuador, Bolivia, Senegal y Perú.
Por último, el Programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de
la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros
extracomunitarios (APRE), se dirige a las personas extracomunitarias que tengan reconocido el
derecho al abono
de la prestación por desempleo en su modalidad establecida en el artículo 1 del
Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre el abono acumulado y
anticipado de la prestación por desempleo.
Se han beneficiado de este programa 10.299 personas durante el periodo
2009-2012. La mayor parte se acogió al derecho al abono en el año 2009 (que
concentra 4365 beneficiarios). El total de beneficiarios residentes en Cataluña
son 1611. Por nacionalidades, ocupan las
primeras posiciones países latinoamericanos: Ecuador, con casi la mitad del
total (4.608), Colombia (1.670), Argentina (1.094) Perú (749), Brasil (656) y
Chile (529). Si bien este programa ofrece a los trabajadores recursos económicos
para facilitar la inserción laboral en origen, no dispone de suficientes mecanismos de seguimiento y
acciones de apoyo que garanticen el éxito del retorno.
En síntesis,
la crisis ha provocado un ajuste parcial sobre el saldo migratorio. A medio
plazo, existen suficientes indicios, vinculados al retraso de la recuperación
económica, que parecen apuntar hacia un incremento sustancial del retorno
voluntario o del desplazamiento hacia otros países. En cualquier caso, la
repercusión dependerá,
además de la duración e intensidad de la crisis, de la capacidad de los trabajadores migrantes
a la hora de diseñar estrategias y de movilizar recursos familiares y
comunitarios que permitan sortear sus impactos; así como de la posibilidad de
ser beneficiarios de dispositivos de apoyo y cobertura públicos.
Asumiendo el hecho
indiscutible que la ocupación es el factor clave para la cohesión social, es menester combinar las políticas pasivas de
garantía o sustitución de rentas para las personas afectadas por el desempleo,
con políticas activas que faciliten la recualificación específica y la
reinserción de los trabajadores inmigrantes en el mercado laboral. Para ello, es importante tomar en cuenta la
falta de reconocimiento oficial de las titulaciones adquiridas y las
trayectorias profesionales y laborales realizadas antes de emigrar, así como impulsar
políticas de ocupación que favorezcan la recualificación de la población
inmigrante.
Por otra parte, en
cuanto a los programas de retorno voluntario asistido impulsados desde las
zonas de destino, como España, solo tienen sentido como acciones
complementarias a las políticas sociales y a la política de integración (en
términos de formación y recolocación en el mercado de trabajo de las personas
ya instaladas en el país), con el fin de favorecer los procesos de retorno de
las personas migrantes que realmente deseen volver a sus países de origen. En
ningún caso deben ser concebidos como instrumentos para la reducción del
volumen de población inactiva o desempleada o como una campaña dirigida a la
opinión pública para reforzar la imagen de que los migrantes son culpables de
la crisis y de que el gobierno está poniendo los medios necesarios para que se
vayan si no hay empleo.
Para ello, a
continuación se enumeran algunos de los contenidos que toda
política de retorno debería incorporar. Por un lado,
es esencial favorecer la
reintegración exitosa de los retornados y el diálogo entre los actores en
origen y destino, a través de adecuadas políticas de seguimiento. En este
sentido, hay que contemplar el respeto de los derechos de las personas
migrantes, desde una concepción transnacional de la ciudadanía que no restrinja
la movilidad de las personas y que contemple
acciones flexibles que se adapten a los
dinámicos proyectos de retorno, muchas veces circulares, así como a los
distintos perfiles de migrantes. Para lograrlo basta con una adecuada política
de visados.
Por otra parte, el no respeto hacia algunos derechos
básicos explica que el conjunto de estos programas no haya captado el interés
esperado por parte de los migrantes, como ha sucedido para el caso español. En
la medida que las acciones y programas de retorno se orienten solo a migrantes
emprendedores que disponen de recursos, vistos como potenciales agentes de
desarrollo, es menos probable que este perfil acepte percibir una determinada
cantidad de dinero a cambio de la pérdida de derechos. Por el contrario, si se
trata de acciones con una orientación asistencial, es altamente cuestionable su componente de “voluntariedad”, en la medida que muchas de las personas
que finalmente se acogen a ellas carecen de la oportunidad de escoger otras
iniciativas. Por ello, tal y como sostiene el catedrático Antonio Izquierdo en
un artículo de prensa titulado “No es retorno sino circularidad”, los programas actuales
van a resultar atractivos principalmente para dos tipos de migrantes: los
migrantes emprendedores que ya tenían vocación de retorno más o menos definitiva
y las personas que, ante la urgencia y
la desesperación por volver, están dispuestos
a perder todos los derechos.
Para ampliar la información sobre el tema pueden
consultarse los siguientes materiales:
Anguiano, M. y
C. Malgesini (coords.) 2012. Migraciones,
crisis internacional y vulnerabilidad social: perspectivas comparadas.
Tijuana (México): El Colegio de la Frontera Norte.
Carrasco, C. y
C. García. 2012. Inmigración y mercado de
trabajo. Informe 2011. Madrid: Observatorio Permanente de la Inmigración.
Colectivo Ioé.
2012 Impactos de la crisis sobre la
población inmigrante. Madrid: OIM. [Disponible en:
http://www.spain.iom.int]
Garrido, L. et
al. 2010. “La dinámica laboral de los inmigrantes en el cambio de fase del ciclo
económico”, Presupuesto
y Gasto Público, núm. 61,
pp. 201-221. [Disponible en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/61_12.pdf]
Izquierdo,
A. 2010. “No es retorno sino circularidad”, Público,
8 de junio de 2010. [Disponible en: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/579/no-es-retorno-sino-circularidad/]
OCDE 2002. “El
empleo de los extranjeros. Perspectivas y cuestiones en los países de la OCDE.
En: Perspectivas del empleo 2001. Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
OCDE 2009. International Migration Outlook
SOPEMI 2009. París: OCDE.
Pajares,
M. 2010. Inmigración y mercado de trabajo.
Informe 2010. Madrid: OPI - Ministerio de Trabajo e Inmigración. [Disponible en: http:// extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/Inmigracion__Mercado_de_Trabajo_OPI25.pdf]
Papademetriou,
D. G. et al. 2010. “Migration and Immigrants
Two Years after the Financial Collapse: Where Do We Stand? Report for the BBC
World Service” Washington
D.C., Migration Policy Institute. [Disponible en: http://www.migrationpolicy.org/pubs/mpi-bbcreport-2010.pdf.]
Tobes, P. 2011.
“Inmigración: crisis económica y protección por desempleo”, Revista del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 91, pp. 15-28.
[Disponible
en: http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/anyo2011/Revista_MTIN_91.pdf]
Autora:
Sònia Parella Rubio (GEDIME/CER-Migracions, UAB)
*Las reflexiones de este texto se enmarcan en el proyecto “Retorno desde el Transnacionalismo”
(referencia CSO2010-15924), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad.
